Comisión que verá las restituciones de tierras a los mapuche: los problemas de la apuesta pacificadora presidencial en la Macrozona Sur

Siete de agosto de 2016. El diputado Gabriel Boric tuitea desde La Araucanía: “Hoy estuvimos en el territorio liberado de Temucuicui con el lonko Víctor Queipul dialogando con su comunidad”. Sostenía en sus manos la bandera mapuche wenüfoye y a su lado estaban otros dirigentes mapuche y del Frente Amplio.

Menos de siete años después y, tras la prisión del líder de la CAM (Coordinadora Arauco Malleco) Héctor Llaitul, el mismo Víctor Queipul, al que el otrora diputado Gabriel Boric visitó, ha pasado a ser uno de los mayores promotores de la lucha en La Araucanía. La diferencia es que Boric ahora es Presidente.

“Al no haber claridad es muy difícil que los actores quieran sumarse y no me refiero solo al caso de Alfredo Moreno. Hay expectativas muy altas de este proceso y lo peor que puede pasar es que se quiebren las confianzas”, aclara el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas.

Queipul ha llamado a radicalizar la lucha y a no dialogar con el Gobierno y también instó a su pueblo a no votar en la elección de constituyentes del pasado 7M. A principios de mayo, dijo en radio Kurruf: “(A) este gobierno, (a) Gabriel Boric, lo usan como títere para ir aprobando todas las leyes a favor de los grandes latifundistas, de los gremios de agricultores”, refiriéndose a las nuevas leyes contra el robo de madera y Naín-Retamal que refuerzan la protección a los policías que usen su armamento.

El mandatario ha debido cambiar de actitud respecto del ánimo exclusivamente dialogante con que asumió en marzo de 2022. Ahora condena la violencia mapuche y periódicamente ha solicitado al Congreso que renueve el estado de excepción en la zona (ya van 25 veces que se extiende). Uno de los últimos incidentes en la Macrozona fue un incendio que destruyó la escuela particular en la ruta entre Victoria y Curacautín y que se lo adjudicó la organización Resistencia Mapuche Malleco (RMM), que exige el traslado de los presos mapuche a la cárcel de Angol.

Con este panorama a la vista, Boric prometió en su cuenta anual una Comisión para la Paz y el Entendimiento que ya había mencionado en noviembre. Y le puso fecha: comenzaría a funcionar el 21 de junio, Día de los Pueblos Originarios. El problema es cómo y con quién.

Tierras ancestrales

Esta mesa negociadora no solo tiene que ser representativa del espectro político, sino que ser paritaria y no empinarse por sobre los dos dígitos de integrantes. Con máximo sigilo, Víctor Ramos, a cargo de la iniciativa que depende de la Secretaría General de la Presidencia (del ministro Elizalde), asegura que ya existen nombres de comisionados para presentarle al Presidente, pero no los da.

El problema, al parecer, es que hay gente que se está restando de participar. Esto, porque vieron una señal muy negativa en el discurso presidencial. “Esta comisión, que comenzará su funcionamiento este mes de junio, deberá catastrar las tierras ancestrales reclamadas por comunidades mapuches y propondrá al país mecanismos concretos, con plazos establecidos, que permitan reparar esta deuda histórica abordando la raíz del conflicto”, dijo el mandatario. La palabra “ancestral” es la que es criticada por múltiples sectores. “Tierras ancestrales es una discusión súper ideológica que ha existido por 30 años. Se puede entender que toda la Araucanía es indígena ancestralmente”, dice un funcionario de la gobernación local.

Aparentemente, lo que debió haber zanjado el Presidente, para partir, es que se iban a atender peticiones de restitución de tierras solo a aquellas personas con título de merced, que es la prueba de propiedad de la tierra. Si no, el conflicto y las reclamaciones serían infinitas. Ya con atender a los mapuche con títulos de merced, grandes sectores de la ciudad de Temuco y el pueblo de Licanray completo, por ejemplo, serían propiedad de miembros de este pueblo originario.

Alfredo Moreno, que fue ministro de Desarrollo Social y Familia durante la administración del Presidente Sebastián Piñera y que tiene un amplio conocimiento del conflicto mapuche y reflexiones sobre su posible solución, confiesa: “No tengo idea en qué va esta iniciativa del Gobierno”. Moreno es el nombre de la centroderecha que, en opinión de los expertos, podría aportar más en una mesa de negociación política que pretenda solucionar el tema de las restituciones de las tierras en la Macrozona Sur.

En noviembre pasado, cuando el Presidente Boric anunció por primera vez que se convocaría a esta Comisión por la Paz y el Entendimiento, el mismo Moreno había señalado: “Todos deben estar disponibles, nadie se debe restar a colaborar en algo tan necesario para el bien del país” y remarcó que “la única manera de enfrentarlo es con unidad política de todos los sectores, porque -de lo contrario- se transforma en un arma de la oposición al gobierno de turno”.

¿Qué ocurrió entre noviembre y ahora?

¿Por qué está siendo tan difícil convocar a esta mesa de negociación?

Hasta enero de 2025

“Nadie quiere aventurarse a entrar en una comisión que va a ser un fracaso. A quienes se les ha llamado se preguntan ¿Para qué nos juntamos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles van a ser las atribuciones? Quienes se han ganado la legitimidad para estar ahí se preguntan para qué convoca el Gobierno. No están dispuestos a participar en un show”, señala un exfuncionario del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno anterior.

“Al no haber claridad es muy difícil que los actores quieran sumarse y no me refiero solo al caso de Alfredo Moreno. Hay expectativas muy altas de este proceso y lo peor que puede pasar es que se quiebren las confianzas”, aclara el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas.

“No hay una representación política posible del pueblo mapuche porque es un pueblo muy diverso, no tienen un solo liderazgo que los pueda articular o representar”, reconoce Víctor Ramos, encargado de esta comisión. Esta es otra debilidad de esta mesa de diálogo. Quizá participarán diputadas mapuche, pero ellas no interpretan las distintas sensibilidades de este pueblo originario. Es obvio, además, que tampoco pueden sentar en la mesa a quienes están por la salida violenta al conflicto.

El que esta comisión se centre en la restitución de tierras, “la deuda histórica”, como la llama el Presidente, tampoco es suficiente para pacificar la Macrozona Sur. El gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, añade: “Para mí esta comisión no debiera estar vinculada solo a tierras. Es una comisión por la paz, por lo que no puede dejar de tocar la situación de las víctimas de la violencia en la Macrozona Sur. No me parece que sea una instancia solo para ver cuántas hectáreas se devuelven a los mapuche”.

La comisión tendría un máximo plazo de funcionamiento hasta enero de 2025 y sería acompañada de un grupo de expertos (de la confianza de los comisionados), que le ayudarían a procesar la gran cantidad de información que recibirían, dicen en el Gobierno. Tomados los acuerdos políticos por consenso, se comenzaría a implementar la restitución de las tierras.

Se estiman en 700 las comunidades que tienen un documento del Estado que les otorga derechos a entrega de tierras, y existen centenares de otras en ese proceso; pero el número de tierras que se traspasan anualmente es de entre 15 a 20. Existe un cuello de botella inmenso que esta Comisión por la Paz debería subsanar.

Conflicto romantizado

La masividad de los incendios forestales del Maule hacia el sur, que incluyeron a La Araucanía, llevó a que se investigara en detalle qué porcentaje de estos fue intencional. La ministra del Interior, Carolina Tohá, informó que el 25% de los siniestros -se quemaron 368 mil hectáreas- habían sido provocados.

Desde ese momento, las antenas del Gobierno se levantaron. Ya no bastaba con quemar camiones de las forestales o robar madera, ¿el nuevo paso en la escalada violentista en el sur incluía causar incendios? Cuando se queman los árboles, las forestales, quizá la industria más rechazada entre los sectores de reivindicación mapuche, quedan sin el material para alimentar su producción.

“El Gobierno tenía romantizado el conflicto indígena y había ingenuidad respecto de sus soluciones. Decían ‘Aquí vamos a sacar a las forestales, comprar los terrenos y restituirlos a las comunidades mapuche y se acabó el problema’”, dice el expersonero del Ministerio de Desarrollo Social consultado. Sin embargo, tal como informó el presidente de la CMPC, Luis Felipe Gazitúa hace un año: “La industria forestal no representa más del 10% de las demandas de tierras”. Frente a esta realidad, la restitución de terrenos se complejizó para el gobierno.

Ayer en Temuco, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, se reunió con los gobernadores de la Araucanía (Luciano Rivas) y del Biobío (Rodrigo Díaz). No les adelantó ni “los bordes” con que funcionaría esta Comisión por la Paz, ni los nombres de los representantes políticos que integrarían la mesa negociadora. Al parecer, a 10 días de que comience a funcionar, los comisionados son un reto.